¡AYSA a manos privadas! ¿Qué significa para tu factura y el servicio?
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El Gobierno ha puesto en marcha el proceso de privatización de AySA, la empresa que provee agua potable y servicios de cloacas a más de 14 millones de personas en la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense. El anuncio, realizado por el vocero presidencial Manuel Adorni, implica la transferencia del 90% de las acciones a capitales privados.
¿Cómo será la privatización?
Según lo informado, se implementará un esquema mixto que combina una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico y una oferta pública inicial para abrir el capital de la empresa a otros inversores. Adorni también aseguró que los empleados mantendrán un 10% del capital social a través del Programa de Propiedad Participada.
Justificación oficial
El Gobierno argumenta que la privatización es necesaria debido al deterioro de la infraestructura y los altos costos operativos de AySA durante su gestión estatal. Según datos oficiales, desde su estatización en 2006, AySA requirió aportes estatales por 13.400 millones de dólares. También se señaló un aumento del 90% en la dotación de personal y una morosidad del 16% por parte de los usuarios.
¿Qué implica para los usuarios?
La privatización de AySA genera interrogantes sobre el futuro del servicio y las tarifas. Si bien el Gobierno asegura que el objetivo es modernizar el sector y mejorar la calidad del servicio, la experiencia de privatizaciones anteriores en Argentina ha generado controversia. Es fundamental monitorear de cerca el proceso y exigir transparencia para garantizar que el acceso al agua potable y el saneamiento sigan siendo un derecho para todos los ciudadanos.
El rol de AySA en la sociedad
AySA es una empresa clave para la salud pública y el desarrollo urbano. Su labor abarca desde la captación del agua cruda hasta la potabilización, distribución y tratamiento de efluentes cloacales. La empresa administra más de 27.000 kilómetros de redes de agua potable y desagües cloacales, 3 plantas potabilizadoras y 14 plantas depuradoras.
El proceso de privatización será regulado por la Comisión Nacional de Valores y, según el gobierno, permitirá modernizar el sector y mejorar el precio y la calidad del servicio.