La ciudad de Brampton, en Ontario, ha implementado una nueva normativa que obliga a los dueños de establecimientos comerciales a pagar una multa de $100 por cada carro de compra abandonado que los servicios municipales deban recolectar y devolver en propiedad pública. Según el alcalde, esta medida busca resolver un problema creciente de productos abandonados en espacios públicos, que ha generado cargas significativas para los servicios urbanos.
El nuevo porcentaje fue aprobado durante la reunión de presupuesto 2026, el 6 de febrero, como parte de una iniciativa para mejorar la eficiencia en la gestión de residuos y espacios verdes. El proyecto, inicialmente propuesto por el concejal Rowena Santos en septiembre de 2025, ha recibido apoyo de varias comisiones municipales que han destacado su importancia para la seguridad y limpieza de las áreas urbanas.
Según datos del gobierno de Brampton, el aumento en el número de carros de compra abandonados ha alcanzado niveles preocupantes, con más del 30% de las áreas de parques y espacios verdes en riesgo de contaminación por objetos no desechables. Esta medida busca no solo recuperar costos financieros, sino también fomentar una cultura de responsabilidad en la gestión de residuos.
La medida ha generado comentarios mixtos en el sector comercial. Algunos comerciantes celebran la iniciativa como un paso hacia una gestión más responsable, mientras que otros expresan preocupaciones sobre la carga financiera, especialmente en tiendas pequeñas y locales que ya enfrentan dificultades económicas.
El alcalde de Brampton ha explicado que el objetivo principal es mejorar la interacción entre el gobierno y los comercios, garantizando que las áreas públicas permanezcan limpias y seguras. Además, la normativa incluye una cláusula que permite a los municipios elegir entre diferentes métodos de recolección, siempre que se respeten los criterios de seguridad y eficiencia.
Esta decisión refleja un enfoque proactivo en la gestión de problemas urbanos, destacando la importancia de la participación ciudadana y el compromiso de los administradores municipales en la prevención de problemas estructurales en el entorno urbano. El gobierno espera que la implementación de esta normativa reduzca el número de incidentes en un 40% en los próximos dos años.