El Gobierno argentino, liderado por el presidente Javier Milei, ha iniciado los trámites para sancionar la reforma de la Ley de Glaciares y el acuerdo comercial entre el bloque Mercosur y la Unión Europea en el Senado. Este proceso se desarrolla en el marco de las sesiones extraordinarias que están previstas para los últimos días de la legislatura 2026. El proyecto de reforma, que modifica la protección de las zonas periglaciares, aún no ha logrado la cantidad de votos necesarios para su aprobación, lo que genera incertidumbres sobre su rápida tramitación.
La Ley de Glaciares, un marco legal clave para la conservación de los glaciares en el país, ha sido objeto de debates intensos en el ámbito político y ambiental. Desde su creación, el texto ha sido objeto de múltiples modificaciones, buscando equilibrar las necesidades de protección ambiental con el desarrollo económico. En este contexto, el proyecto de reforma busca ajustar las normas para permitir una mayor explotación de recursos en zonas cercanas a los glaciares, lo que ha generado críticas en la comunidad científica.
El acuerdo Mercosur-UE, que busca fortalecer las relaciones comerciales entre los dos bloques, es otro tema central en las negociaciones. El gobierno sostiene que este acuerdo permitirá aumentar las exportaciones de productos agrícolas y minerales, lo que beneficiará a las regiones rurales y a las empresas que dependen de estos mercados. Sin embargo, algunos sectores económicos temen que la integración comercial podría afectar a pequeñas y medianas empresas que no están preparadas para adaptarse a las nuevas normativas.
En el Senado, se observa una división entre los bloques políticos. Los partidos como el Frente Nacional, el Partido Justicialero y otros aliados del Gobierno han expresado apoyo a la reforma, mientras que el bloque del Partido de la Sociedad Civil ha mantenido una postura crítica, preocupado por la posible reducción en las medidas de protección ambiental. Además, el presidente de la cámara, el senador Fernando Iglesias, ha tomado una postura ambigua, lo que ha generado tensiones internas en el senado.
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares ha sido objeto de numerosas críticas por parte de científicos y organizaciones ambientales. Estos expertos argumentan que las modificaciones propuestas podrían comprometer la estabilidad de los glaciares, lo que podría tener consecuencias a largo plazo en el acceso a agua potable y la mitigación de los efectos del cambio climático. En este sentido, el gobierno ha promovido la idea de que la reforma es necesaria para evitar una situación crítica en la gestión de los recursos hídricos.
El Senado, en su sesión extraordinaria del 26 de febrero, se enfrenta a una decisión crucial: sancionar o rechazar estos proyectos. El presidente de la cámara, Fernando Iglesias, ha expresado que el proceso debe avanzar rápidamente para evitar retrasos en el desarrollo de las políticas públicas. Aunque el oficialismo sostiene que la reforma es necesaria para mejorar la eficiencia en la gestión