La administración nacional ha implementado un ajuste significativo en el sistema de transporte público del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), con una suba del 31% en las tarifas de los colectivos de jurisdicción nacional. Este cambio, que rige para las 104 líneas de transporte público nacional, marca un punto importante en el contexto económico actual del país. Según datos oficiales, la medida entró en vigor el miércoles 18 de febrero de 2026, tras una negociación compleja entre el gobierno y los operadores de transporte.
La suba del 31% representa un incremento considerable en comparación con las últimas medidas económicas aplicadas. Este ajuste afecta a un amplio número de usuarios que dependen diariamente del transporte público para desplazarse en las grandes ciudades argentinas. Los colectivos, que históricamente han sido un pilar fundamental en la vida urbana de las áreas metropolitanas, enfrentan ahora una presión financiera que podría influir en su operatividad y sostenibilidad.
El contexto económico actual en el país, marcado por una inflación elevada y una disminución en los ingresos disponibles de los ciudadanos, ha impulsado a las autoridades a tomar decisiones que, aunque necesarias, generan controversia en el ámbito social y político. El aumento de 31% en las tarifas se ha generado como una respuesta a la necesidad de generar ingresos adicionales para cubrir los gastos de mantenimiento y operación de las redes de transporte público.
El impacto de este ajuste es significativo para los usuarios diarios, que enfrentan un aumento en el costo de desplazamiento que puede ser difícil de asumir. Según análisis realizados por la Universidad Católica de Córdoba, el costo promedio de un viaje en colectivo para un usuario en el AMBA podría alcanzar los 4.373 pesos, lo cual representa un aumento significativo en comparación con el precio previo.
La respuesta del gobierno a esta medida ha sido un tema de debate en las últimas semanas, con diferentes grupos sociales y políticos expresando preocupación sobre la carga económica que este ajuste representa. Los trabajadores en el sector del transporte público han manifestado descontento, argumentando que el aumento es inadecuado en el contexto actual de la economía nacional.
Es importante destacar que este ajuste no es el único en el contexto económico actual. En marzo, se prevé otra suba, lo que genera una preocupación adicional sobre la sostenibilidad de este sistema. Los usuarios de transporte público en el AMBA enfrentan un escenario donde el costo de desplazamiento puede ser cada vez más elevado, lo que podría llevar a una mayor dependencia en otros medios de transporte o a una disminución en la movilidad.
La situación actual refleja una situación compleja en la que el gobierno busca equilibrar las necesidades financieras de los operadores de transporte con las demandas de los usuarios. El desafío principal es garantizar que el sistema de transporte público siga funcionando de manera eficiente mientras se mantiene la accesibilidad y la sostenibilidad.