En los últimos meses, el gobierno argentino ha impulsado una serie de medidas en materia de migraciones que, según los analistas, revelan una profunda ineficacia en la política migratoria oficial. Entre estos esfuerzos, el discurso securitario y el racismo hacia migrantes y personas racializadas han sido herramientas clave para justificar acciones que, en muchos casos, carecen de resultados concretos.
El tema central de esta discusión se centra en el trabajo de Alejandra Monteoliva, ministra de Seguridad, quien ha reforzado los controles fronterizos y promovido una estrategia de seguridad que, a menudo, se confunde con la lucha contra el 'tráfico humano' y la 'inmigración ilegala'. Desde el Comando Unificado de Control, Monteoliva ha emitido mensajes públicos a personas que, según su discurso, intentan ingresar o permanecer en el país de manera ilegal, utilizando términos como 'inmigrantes ilegales' y 'extranjeros peligrosos' para justificar la aplicación de medidas restrictivas.
El informe de la página 12, publicado el 11 de febrero de 2026, destaca la ineficacia del sistema migratorio actual, señalando que los operativos callejeros de la Dirección Nacional de Migraciones, junto con cambios por decreto en la ley de migraciones y el sistema de refugio, no han logrado reducir la cantidad de migrantes en el país. En cambio, estos operativos han contribuido a la criminalización de grupos sociales vulnerables, especialmente aquellos que pertenecen a minorías raciales y étnicas.
Uno de los principales debates en el ámbito migratorio es el papel de la seguridad nacional en la gestión de los flujos migratorios. Los analistas argumentan que, en lugar de abordar las causas estructurales de la migración, el gobierno ha priorizado la aplicación de medidas represivas que, en muchos casos, refuerzan el racismo y la desconfianza hacia los migrantes. Esto se ha manifestado en la manera en que se definen los términos 'migrante' y 'inmigrante', que, según el análisis, han sido utilizados de manera excluyente y discriminatoria.
El uso de la palabra 'migrante' en el contexto actual, según el informe, ha sido redefinido para incluir a personas que, en realidad, son parte de un proceso más amplio de integración y adaptación. Este enfoque ha generado una polarización en la sociedad, donde los términos 'migrante' y 'inmigrante' se usan para diferenciar grupos sociales, muchas veces de manera discriminatoria.
El análisis de la situación actual indica que, a pesar de las medidas tomadas, el sistema migratorio argentino sigue siendo un laboratorio para la ineficacia. Los operativos policiales, el discurso securitario y el racismo hacia personas racializadas no solo no resuelven los problemas, sino que los agravan. Este contexto es particularmente relevante en un momento en el que las políticas migratorias en América Latina están siendo criticadas por su falta de eficacia y su impacto en las poblaciones vulnerables.