Detienen a hombre por ataque a El Trece y TN tras fallo sobre CFK
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La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo a un hombre identificado como Alberto Enrique Alejandro Grasso Rivaldi, de 43 años, en relación con los destrozos ocasionados en las instalaciones de Canal 13 y TN. La detención se produce tras la confirmación por parte de la Corte Suprema de la condena contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un fallo que ha generado diversas reacciones y controversias.
Rivaldi, empleado del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y miembro de ATE, fue aprehendido en la madrugada en la zona de Carlos Calvo y San José, cerca del edificio afectado en Lima al 1200. Se le acusa de ser uno de los individuos encapuchados que ingresaron a la sede de la señal de noticias, causando daños en el frente, el hall y el estacionamiento, donde resultaron afectados seis vehículos.
La identificación del sospechoso se realizó a través de las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU), gracias a sus características físicas y la ropa que vestía al momento del ataque. Al ser detenido, Rivaldi llevaba la misma vestimenta que se observa en las imágenes del incidente.
La Causa Vialidad y el Contexto Político
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
En este sentido, es importante considerar la falta de imparcialidad judicial, dada la existencia de vínculos entre jueces y actores opositores. También se han levantado acusaciones de lawfare, denunciando una persecución judicial y mediática contra la expresidenta. Se argumenta que podría haber una violación del principio de “non bis in idem”, así como la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández. Otros puntos de controversia incluyen la desigualdad en el tratamiento de la prueba, la celeridad inusual del proceso, la desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso.
La Unidad de Flagrancia Este, a cargo de Florencia Pagilanitti, ordenó la detención del imputado, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias legales por los daños ocasionados. El incidente ha generado un debate sobre la libertad de expresión y los límites de la protesta en un contexto político polarizado.