Justicia rechaza pedido de Boudou por jubilación de privilegio: Implicaciones
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La Justicia Federal ha rechazado una medida cautelar presentada por Amado Boudou, ex vicepresidente de la Nación, en la que solicitaba la suspensión de las resoluciones de la ANSeS que le retiraron su asignación mensual vitalicia y ordenaron la recuperación de los fondos ya percibidos. Esta decisión judicial se suma a la demanda presentada por la ANSeS, a instancias del Ministerio de Capital Humano, para que Boudou devuelva $236 millones correspondientes a la jubilación de privilegio que cobró mientras estaba condenado por corrupción.
Boudou argumentó ante el Juzgado de la Seguridad Social N° 4 que, si bien solicitó el beneficio en diciembre de 2015, no lo percibió hasta agosto de 2020, sin erogaciones retroactivas. Añadió que el pago de los meses no cobrados entre 2015 y 2020 fue suspendido por resoluciones de la ANSeS que invocaron la emergencia sanitaria y que percibió la jubilación de privilegio hasta que el organismo la retiró, lo que calificó como una acción ilegítima e inconstitucional.
La ANSeS fundamentó su decisión en el artículo 29 de la Ley N° 24.018, que regula las pensiones vitalicias. Argumentaron que la finalidad de esta asignación, considerada un privilegio, es jurídicamente incompatible para quien cometió un delito en el ejercicio de la función pública y en perjuicio del Estado Nacional.
La demanda millonaria de ANSeS contra Boudou
La ANSeS, impulsada por el Ministerio de Capital Humano, ha demandado a Amado Boudou para que devuelva $236.066.031,25, más la actualización correspondiente, correspondientes a la jubilación de privilegio percibida durante su condena por corrupción. El organismo previsional sostiene que esta demanda busca recuperar los haberes percibidos indebidamente por Boudou durante la vigencia de la asignación mensual vitalicia, la cual fue revocada tras su condena por cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con la función pública.
El caso Ciccone y la condena de Boudou
Boudou fue condenado en 2018 a cinco años y diez meses de prisión por el caso Ciccone, donde fue encontrado culpable de cohecho pasivo en la compra irregular de la empresa calcográfica Ciccone, luego estatizada. La Corte Suprema confirmó su condena en 2020. Además de la pena de prisión, Boudou está inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.
El caso Ciccone investigó la maniobra a través de la cual Boudou, a través de terceros, se quedó con la imprenta privada más grande de Argentina, la única con capacidad para imprimir billetes. Esta empresa imprimió boletas electorales en 2011 y, en 2021, el gobierno de Cristina Kirchner contrató a Ciccone para imprimir 160 millones de billetes de 100 pesos por un costo de $140 millones.
La ANSeS le retiró a Boudou el beneficio de la jubilación de privilegio en noviembre pasado.