Discapacidad: Aumentos insuficientes desatan alerta y reclamos urgentes
El sector de la discapacidad se encuentra en estado de alerta ante los aumentos ofrecidos por el gobierno de Javier Milei, considerados insuficientes para paliar la inflación acumulada y la crisis que atraviesan los prestadores de servicios. La situación ha generado fuertes críticas y reclamos por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.
Aumentos por debajo de las necesidades
El gobierno propuso aumentos escalonados para los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2025, pero estos porcentajes no alcanzan a cubrir la inflación proyectada ni los costos operativos del sector. El Foro para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad denunció que la oferta es claramente insuficiente y exige el cumplimiento de la Ley de Emergencia.
La propuesta oficial
La propuesta del gobierno se divide en dos categorías:
- A) Octubre: 14% / Noviembre: 10% / Diciembre: 8% (total acumulativo del 35,43%). Para transporte, rehabilitación (Módulos, Hospital de día e internación), Hogar, pequeño hogar, residencia y prestación de apoyo.
- B) Octubre: 12% / Noviembre: 8,25% / Diciembre: 7% (total acumulativo del 29,73%). Para las prestaciones no nombradas anteriormente.
Rechazo y moción alternativa
El representante de los prestadores en el directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas para personas con discapacidad votó en contra de la propuesta oficial y presentó una moción alternativa, que no prosperó. El sector exige medidas urgentes para garantizar la calidad y la continuidad de los servicios a las personas con discapacidad.
¿Corrupción en ANDIS?
En medio de la crisis, resurgen acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Audios filtrados revelan un presunto esquema de sobornos vinculado a la compra de medicamentos, donde se menciona a Karina Milei, hermana del presidente, recibiendo comisiones a través de una droguería. Aunque no hay imputaciones formales, la cercanía de Karina Milei con la ANDIS genera interrogantes sobre la transparencia en la gestión de los recursos destinados a la discapacidad.
Ante la gravedad de la situación, el sector de la discapacidad se mantiene en estado de alerta y exige respuestas concretas por parte del gobierno para evitar un mayor deterioro en la calidad de vida de las personas con discapacidad.