Milei en la mira: Cacerolazo por salud, educación y discapacidad
La tensión social escaló tras la decisión del gobierno de Javier Milei de suspender leyes clave de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y discapacidad. Miles de personas se movilizaron a Plaza de Mayo y otros puntos del país en un cacerolazo masivo, exigiendo la inmediata implementación de las normativas aprobadas por el Congreso.
Emergencia Pediátrica: El Garrahan alza la voz
La situación del Hospital Garrahan es crítica. Luciana Corasaniti, madre de una paciente con una enfermedad rara, denuncia el ajuste y la suspensión de la Ley de Emergencia en Pediatría. “No podemos darnos el lujo de que renuncien más profesionales. Son los trabajadores que atienden a nuestros hijos”, afirma Corasaniti, reflejando la angustia de muchas familias.
Denuncia penal y pedidos de juicio político
La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) del Hospital Garrahan presentará una denuncia penal contra Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Salud Mario Lugones por incumplimiento de deberes de funcionario público. La suspensión de las leyes, consideran, atenta directamente contra la salud de los niños y el acceso a la educación.
Universidades en crisis: Financiamiento en jaque
La comunidad universitaria también se sumó al cacerolazo, denunciando el recorte presupuestario y la suspensión de la Ley de Financiamiento Educativo. Docentes y estudiantes advierten sobre el impacto negativo en la calidad de la educación y la investigación.
Discapacidad: Un colectivo vulnerable en riesgo
El freno a la Ley de Emergencia en Discapacidad también generó fuerte rechazo. Sectores que trabajan con personas con discapacidad denuncian la falta de presupuesto y la interrupción de tratamientos y pensiones. Recordemos que recientemente salieron a la luz graves acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde se vincula a Karina Milei con un esquema de sobornos en la compra de medicamentos. Si bien no hay imputación formal, las denuncias generan gran preocupación.
El cacerolazo refleja un creciente descontento social ante las políticas del gobierno de Milei, que enfrenta fuertes críticas por su impacto en la salud, la educación y la atención a personas con discapacidad. La movilización popular parece ser la respuesta ante un gobierno que, según los manifestantes, ignora las necesidades básicas de la población.