ANDIS: ¿Comisiones del 3% para Karina Milei? Explosivas denuncias
Un escándalo de corrupción sacude a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la revelación de audios que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, en un presunto esquema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos para personas con discapacidad. La gravedad de las acusaciones radica en la supuesta implicación de Karina Milei, hermana del Presidente, quien habría recibido un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina.
Según la denuncia de Spagnuolo, la droguería Suizo Argentina cobraba un 8% adicional a los proveedores, generando un flujo de dinero ilícito estimado entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales. Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre ha sido vinculado al caso debido a su cercanía con Spagnuolo y su influencia en la gestión de la ANDIS, lo que ha desatado una ola de críticas y exigencias de investigación.
La oposición ha manifestado su preocupación por la falta de transparencia en la gestión de la ANDIS y ha solicitado una auditoría exhaustiva para esclarecer los hechos. Organizaciones de defensa de los derechos de las personas con discapacidad también han expresado su indignación ante la posibilidad de que fondos destinados a la atención de este vulnerable grupo hayan sido desviados para fines ilícitos.
¿Qué implica este escándalo?
Este escándalo, de confirmarse, no solo representaría un grave acto de corrupción, sino que también socavaría la confianza pública en las instituciones y afectaría directamente la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes dependen de los servicios y medicamentos proporcionados por la ANDIS.
Próximos pasos
- Se espera que la justicia avance en la investigación para determinar la veracidad de las acusaciones y la posible responsabilidad de los implicados.
- La sociedad civil exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.
- El gobierno enfrenta una creciente presión para tomar medidas concretas que garanticen la correcta administración de los recursos destinados a las personas con discapacidad.
La situación en la ANDIS plantea serias interrogantes sobre la integridad de la gestión pública y la necesidad de fortalecer los mecanismos de control para prevenir la corrupción y garantizar el bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad.