ANDISgate: ¿Comisiones del 3% para Karina Milei? La sombra de la duda

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Escándalo en la ANDIS: ¿Corrupción a la sombra del poder?

Nuevas denuncias sacuden al gobierno de Javier Milei. El foco de la polémica se centra en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde audios filtrados revelan un presunto esquema de sobornos en la compra de medicamentos destinados a personas con discapacidad. La acusación apunta directamente a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, quien habría detallado un sistema de comisiones ilícitas.

Según las explosivas declaraciones de Spagnuolo, Karina Milei, hermana del presidente y figura clave en su administración, estaría involucrada en el entramado. Se la señala como receptora de un 3% de comisión a través de la droguería Suizo Argentina, la cual, a su vez, cobraría un 8% adicional a los proveedores. Las cifras que se manejan son alarmantes: se estima que este esquema generaba entre 500.000 y 800.000 dólares mensuales.

¿Implicaciones para el Gobierno?

Si bien Karina Milei no ha sido formalmente imputada, su nombre resuena con fuerza debido a su estrecha relación con Spagnuolo y su reconocida influencia en la gestión de la ANDIS. La oposición ha exigido una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y determinar si existió participación directa o indirecta de la hermana del presidente en este presunto esquema de corrupción.

Este escándalo se suma a una serie de controversias que han marcado los primeros meses del gobierno de Javier Milei, generando interrogantes sobre la transparencia y la integridad en la administración pública. La ciudadanía exige respuestas claras y contundentes ante estas graves acusaciones.

  • Investigación en curso: Se espera que la justicia avance en la investigación para determinar la veracidad de las denuncias y deslindar responsabilidades.
  • Impacto político: Este escándalo podría afectar la imagen del gobierno y generar tensiones internas en la coalición gobernante.
  • Demandas de transparencia: La sociedad civil exige mayor transparencia en la gestión de los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a la atención de personas con discapacidad.

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